La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, confirmó que el Ejecutivo ya entregó a la Contraloría General de la República todos los antecedentes solicitados tras la controversia generada por el uso de la expresión “Estado en quiebra” en contenidos oficiales. La secretaria de Estado subrayó que la respuesta se envió dentro del plazo establecido, sin necesidad de solicitar prórroga. El requerimiento del organismo fiscalizador se originó el pasado 25 de marzo, cuando ofició al Ministerio Secretaría General de Gobierno para aclarar el contexto y fundamento de publicaciones difundidas en redes sociales institucionales. Entre el material cuestionado figuraban un video y piezas gráficas en Instagram que afirmaban : “¿Por qué no podemos bajar el precio de la bencina con el Mepco? Porque nos dejaron sin plata. Un Estado en la quiebra”. La frase generó un amplio debate político y económico. Desde el propio gabinete, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tomó distancia al asegurar que “jamás” emplearía ese concepto para describir la situación fiscal del país. Posteriormente, el presidente José Antonio Kast reconoció el error comunicacional y afirmó que el Gobierno corrigió el mensaje, comprometiendo mejoras en la forma de comunicar. En ese contexto, Sedini insistió en que el Ejecutivo ha actuado con total disposición a colaborar con la institucionalidad. “Valoramos muchísimo la función que tiene la Contraloría General de la República y es por eso que hemos trabajado por responder”, afirmó, según consignó BioBioChile. No obstante, llamó a no centrar el debate únicamente en el uso de un término. “No nos vamos a quedar en la discusión de un concepto”, recalcó. La vocera también planteó que la polémica debe entenderse en un escenario más amplio, marcado por factores externos. “Toda esta discusión se da en el marco de una crisis internacional, y nosotros hemos estado enfocados en responder a las necesidades de la ciudadanía”, sostuvo. Por ahora, la Contraloría no ha emitido un nuevo pronunciamiento específico sobre este caso. Sin embargo, su máxima autoridad, Dorothy Pérez, abordó recientemente el proceso de auditoría general del Estado que se encuentra en desarrollo. Durante un conversatorio en la Universidad de Los Andes, la contralora advirtió que el sistema de control institucional ha presentado deficiencias sostenidas en el tiempo. “Esa auditoría que están desarrollando los auditores internos y ministeriales va a encontrar cosas”, señaló, anticipando hallazgos relevantes. En paralelo, se espera que el próximo 10 de abril el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno entregue un primer informe con conclusiones preliminares, lo que podría aportar nuevos antecedentes tanto al debate político como al análisis técnico sobre el funcionamiento del aparato estatal. Fuente: Publimetro
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, confirmó que el Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2026-2029 fue retirado de la Contraloría General de la República (CGR), donde se encontraba en la etapa de toma de razón. Según sus declaraciones, Ese proyecto se va a revisar, como corresponde a una nueva administración, y luego va a ser reingresado a Contraloría, cumpliendo con la obligación legal que tenemos a ese respecto. Además, Rabat explicó que una vez revisado, el plan será reingresado con las modificaciones que considere pertinentes el Poder Ejecutivo, en cumplimiento de la ley. El plan en cuestión fue presentado por el exministro de Justicia, Jaime Gajardo, e incluía 175 acciones en diversos organismos públicos. Estas acciones tenían como objetivo principal promover la igualdad y no discriminación, fortalecer el acceso a la justicia, proteger contra la violencia, preservar la memoria histórica, fomentar el desarrollo sostenible y educar en derechos humanos. De acuerdo con información publicada por La Tercera , este proceso de revisión del plan contó con aproximadamente 140 reuniones técnicas, así como con la inclusión de propuestas ciudadanas y la participación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Fuente: CNN Chile País
La Contraloría General de la República ha tomado razón del reglamento que establece estándares técnicos y requisitos formales para la representación judicial de mujeres víctimas de violencia de género, enmarcado en la Ley Integral contra la violencia de género. Esta medida permitirá que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género inicie acciones judiciales en casos de femicidio o suicidio femicida sin necesidad del patrocinio previo de las víctimas o sus familias, con el fin de garantizar una respuesta institucional más ágil. Con esta nueva disposición, el Estado tendrá la facultad de presentar querellas por casos de femicidio o suicidio femicida por iniciativa propia, lo que representa un avance significativo en la implementación de la normativa. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género podrá iniciar acciones judiciales a través de sus abogados regionales sin requerir el patrocinio previo de las víctimas o sus familiares en este tipo de delitos, asegurando así una respuesta institucional más rápida desde el inicio del proceso. Hasta ahora, a pesar de que SernamEG brindaba asesoría jurídica a mujeres víctimas de violencia de género, la representación judicial solo era posible si las víctimas o sus familias otorgaban formalmente el patrocinio al servicio. En 2025, los Centros Especializados de Violencia de Género del organismo llevaron a cabo más de 5.800 atenciones psicosociales y jurídicas a cerca de 3.500 usuarias, además de asumir 1.293 representaciones judiciales. El reglamento también establece estándares técnicos para las instituciones públicas y privadas que mantienen convenios con SernamEG para representar a víctimas, con el propósito de garantizar una atención especializada y adecuada. La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, enfatizó que la violencia de género es una vulneración grave de derechos, y el Estado tiene que responder a la altura. Eso significa acompañar a las víctimas y actuar a tiempo para que estos casos no queden sin justicia. Asimismo, destacó que la Ley Integral contempla la representación legal y que el reglamento constituye un paso concreto para implementarla y asegurar ese apoyo tan necesario para obtener reparación. Es importante recordar que la Ley Integral establece diversas obligaciones relacionadas con la prevención y atención de la violencia de género. Además, crea un Sistema Integrado de Información destinado a articular datos entre distintas instituciones del Estado para mejorar la respuesta, seguimiento y protección de las víctimas, en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por el país. Fuente: CNN Chile País
La Contraloría informó sobre las acciones que adoptará en relación a un requerimiento presentado por un grupo de diputadas y diputados sobre el acuerdo entre SQM y Codelco para la explotación de materias primas. Desde el organismo señalaron que no se pronunciarán sobre la legalidad del acuerdo, pero señalaron que realizarán la revisión de la decisión adoptada. La institución señaló que iniciará una “inédita” auditoría ante denuncias de los diputados Camila Musante, Carlos Bianchi, Raúl Soto, Cristián Tapia y Héctor Ulloa. A pesar del anuncio sobre la auditoría, Contraloría subrayó que “por orden expresa de los Tribunales de Justicia, o por tratarse de aspectos de mérito, CGR se encuentra impedida de dictaminar sobre la mayoría de las reclamaciones recibidas respecto de dicho acuerdo”. De esta forma, el organismo contralor se abstuvo de emitir un pronunciamiento sobre la legalidad del acuerdo. En su pronunciamiento, Contraloría subrayó que “las observaciones y antecedentes entregados por la Comisión Especial Investigadora (…) serán considerados en la auditoría que iniciará esta Contraloría General“. Uno de los capítulos del informe -respecto a la auditoría- apunta al “contrato de asesoría entre Codelco y el banco de inversiones Morgan Stanley y otros aspectos denunciados por la Comisión Especial Investigadora de la H. Cámara de Diputadas y Diputados“. 🔴AHORA | Sobre acuerdo Codelco-SQM. Revisa el oficio acá 👉🏻 https://t.co/UPhr6q61Zs pic.twitter.com/A0NbcIzIbR — Contraloría (@Contraloriacl) December 19, 2025 Fuente: CNN Chile País
La Contraloría ordenó un sumario en la Dirección Regional Aduana de Talcahuano luego de detectar irregularidades y falencias en el control de ingreso de mercancías en el Puerto de Coronel. El organismo dio 15 días hábiles de plazo para realizar el sumario que permita detectar las eventuales responsabilidades administrativas. Según información proporcionada por la Contraloría, entre 2019 y 2023 se observó un aumento en las operaciones de ingreso de mercancías, pero no en igual proporción respecto a la dotación del personal destinado a la fiscalización. Esto resultó en bajos niveles de revisiones efectuadas a los ingresos de mercancías, alcanzando solo un 3,5% del total de declaraciones de ingreso tramitadas en 2023 en la zona primaria del Puerto Coronel. Además, se constató que la Dirección Regional Aduana de Talcahuano, a pesar de contar con un camión escáner, limitó su uso en 2023 y 2024 debido a que la maquinaria fue trasladada a otras ubicaciones por largos periodos. Asimismo, se identificó la existencia de mercancías almacenadas en el depósito aduanero del Puerto Coronel desde los años 2010 hasta 2022, categorizadas para diferentes destinos como subasta, destrucción, donación y reciclaje. En relación a las deficiencias tecnológicas, se señaló que falta un aplicativo o herramienta informática que permita al Servicio Nacional de Aduanas validar los vistos buenos otorgados por otros organismos públicos para autorizar el ingreso de productos al país. Ante esta situación, la Contraloría otorgó un plazo de 15 días hábiles a la Dirección Regional de Aduanas para iniciar el sumario correspondiente y determinar las eventuales responsabilidades administrativas. Asimismo, se instruyó acompañar los antecedentes que demuestren el incremento de su dotación y adoptar medidas necesarias para supervisar eficientemente los medios tecnológicos disponibles para la fiscalización. Fuente: CNN Chile País
La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, confirmó que el Ejecutivo ya entregó a la Contraloría General de la República todos los antecedentes solicitados tras la controversia generada por el uso de la expresión “Estado en quiebra” en contenidos oficiales. La secretaria de Estado subrayó que la respuesta se envió dentro del plazo establecido, sin necesidad de solicitar prórroga. El requerimiento del organismo fiscalizador se originó el pasado 25 de marzo, cuando ofició al Ministerio Secretaría General de Gobierno para aclarar el contexto y fundamento de publicaciones difundidas en redes sociales institucionales. Entre el material cuestionado figuraban un video y piezas gráficas en Instagram que afirmaban : “¿Por qué no podemos bajar el precio de la bencina con el Mepco? Porque nos dejaron sin plata. Un Estado en la quiebra”. La frase generó un amplio debate político y económico. Desde el propio gabinete, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tomó distancia al asegurar que “jamás” emplearía ese concepto para describir la situación fiscal del país. Posteriormente, el presidente José Antonio Kast reconoció el error comunicacional y afirmó que el Gobierno corrigió el mensaje, comprometiendo mejoras en la forma de comunicar. En ese contexto, Sedini insistió en que el Ejecutivo ha actuado con total disposición a colaborar con la institucionalidad. “Valoramos muchísimo la función que tiene la Contraloría General de la República y es por eso que hemos trabajado por responder”, afirmó, según consignó BioBioChile. No obstante, llamó a no centrar el debate únicamente en el uso de un término. “No nos vamos a quedar en la discusión de un concepto”, recalcó. La vocera también planteó que la polémica debe entenderse en un escenario más amplio, marcado por factores externos. “Toda esta discusión se da en el marco de una crisis internacional, y nosotros hemos estado enfocados en responder a las necesidades de la ciudadanía”, sostuvo. Por ahora, la Contraloría no ha emitido un nuevo pronunciamiento específico sobre este caso. Sin embargo, su máxima autoridad, Dorothy Pérez, abordó recientemente el proceso de auditoría general del Estado que se encuentra en desarrollo. Durante un conversatorio en la Universidad de Los Andes, la contralora advirtió que el sistema de control institucional ha presentado deficiencias sostenidas en el tiempo. “Esa auditoría que están desarrollando los auditores internos y ministeriales va a encontrar cosas”, señaló, anticipando hallazgos relevantes. En paralelo, se espera que el próximo 10 de abril el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno entregue un primer informe con conclusiones preliminares, lo que podría aportar nuevos antecedentes tanto al debate político como al análisis técnico sobre el funcionamiento del aparato estatal. Fuente: Publimetro
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, confirmó que el Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2026-2029 fue retirado de la Contraloría General de la República (CGR), donde se encontraba en la etapa de toma de razón. Según sus declaraciones, Ese proyecto se va a revisar, como corresponde a una nueva administración, y luego va a ser reingresado a Contraloría, cumpliendo con la obligación legal que tenemos a ese respecto. Además, Rabat explicó que una vez revisado, el plan será reingresado con las modificaciones que considere pertinentes el Poder Ejecutivo, en cumplimiento de la ley. El plan en cuestión fue presentado por el exministro de Justicia, Jaime Gajardo, e incluía 175 acciones en diversos organismos públicos. Estas acciones tenían como objetivo principal promover la igualdad y no discriminación, fortalecer el acceso a la justicia, proteger contra la violencia, preservar la memoria histórica, fomentar el desarrollo sostenible y educar en derechos humanos. De acuerdo con información publicada por La Tercera , este proceso de revisión del plan contó con aproximadamente 140 reuniones técnicas, así como con la inclusión de propuestas ciudadanas y la participación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Fuente: CNN Chile País
La Contraloría General de la República ha tomado razón del reglamento que establece estándares técnicos y requisitos formales para la representación judicial de mujeres víctimas de violencia de género, enmarcado en la Ley Integral contra la violencia de género. Esta medida permitirá que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género inicie acciones judiciales en casos de femicidio o suicidio femicida sin necesidad del patrocinio previo de las víctimas o sus familias, con el fin de garantizar una respuesta institucional más ágil. Con esta nueva disposición, el Estado tendrá la facultad de presentar querellas por casos de femicidio o suicidio femicida por iniciativa propia, lo que representa un avance significativo en la implementación de la normativa. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género podrá iniciar acciones judiciales a través de sus abogados regionales sin requerir el patrocinio previo de las víctimas o sus familiares en este tipo de delitos, asegurando así una respuesta institucional más rápida desde el inicio del proceso. Hasta ahora, a pesar de que SernamEG brindaba asesoría jurídica a mujeres víctimas de violencia de género, la representación judicial solo era posible si las víctimas o sus familias otorgaban formalmente el patrocinio al servicio. En 2025, los Centros Especializados de Violencia de Género del organismo llevaron a cabo más de 5.800 atenciones psicosociales y jurídicas a cerca de 3.500 usuarias, además de asumir 1.293 representaciones judiciales. El reglamento también establece estándares técnicos para las instituciones públicas y privadas que mantienen convenios con SernamEG para representar a víctimas, con el propósito de garantizar una atención especializada y adecuada. La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, enfatizó que la violencia de género es una vulneración grave de derechos, y el Estado tiene que responder a la altura. Eso significa acompañar a las víctimas y actuar a tiempo para que estos casos no queden sin justicia. Asimismo, destacó que la Ley Integral contempla la representación legal y que el reglamento constituye un paso concreto para implementarla y asegurar ese apoyo tan necesario para obtener reparación. Es importante recordar que la Ley Integral establece diversas obligaciones relacionadas con la prevención y atención de la violencia de género. Además, crea un Sistema Integrado de Información destinado a articular datos entre distintas instituciones del Estado para mejorar la respuesta, seguimiento y protección de las víctimas, en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por el país. Fuente: CNN Chile País
La Contraloría informó sobre las acciones que adoptará en relación a un requerimiento presentado por un grupo de diputadas y diputados sobre el acuerdo entre SQM y Codelco para la explotación de materias primas. Desde el organismo señalaron que no se pronunciarán sobre la legalidad del acuerdo, pero señalaron que realizarán la revisión de la decisión adoptada. La institución señaló que iniciará una “inédita” auditoría ante denuncias de los diputados Camila Musante, Carlos Bianchi, Raúl Soto, Cristián Tapia y Héctor Ulloa. A pesar del anuncio sobre la auditoría, Contraloría subrayó que “por orden expresa de los Tribunales de Justicia, o por tratarse de aspectos de mérito, CGR se encuentra impedida de dictaminar sobre la mayoría de las reclamaciones recibidas respecto de dicho acuerdo”. De esta forma, el organismo contralor se abstuvo de emitir un pronunciamiento sobre la legalidad del acuerdo. En su pronunciamiento, Contraloría subrayó que “las observaciones y antecedentes entregados por la Comisión Especial Investigadora (…) serán considerados en la auditoría que iniciará esta Contraloría General“. Uno de los capítulos del informe -respecto a la auditoría- apunta al “contrato de asesoría entre Codelco y el banco de inversiones Morgan Stanley y otros aspectos denunciados por la Comisión Especial Investigadora de la H. Cámara de Diputadas y Diputados“. 🔴AHORA | Sobre acuerdo Codelco-SQM. Revisa el oficio acá 👉🏻 https://t.co/UPhr6q61Zs pic.twitter.com/A0NbcIzIbR — Contraloría (@Contraloriacl) December 19, 2025 Fuente: CNN Chile País
La Contraloría ordenó un sumario en la Dirección Regional Aduana de Talcahuano luego de detectar irregularidades y falencias en el control de ingreso de mercancías en el Puerto de Coronel. El organismo dio 15 días hábiles de plazo para realizar el sumario que permita detectar las eventuales responsabilidades administrativas. Según información proporcionada por la Contraloría, entre 2019 y 2023 se observó un aumento en las operaciones de ingreso de mercancías, pero no en igual proporción respecto a la dotación del personal destinado a la fiscalización. Esto resultó en bajos niveles de revisiones efectuadas a los ingresos de mercancías, alcanzando solo un 3,5% del total de declaraciones de ingreso tramitadas en 2023 en la zona primaria del Puerto Coronel. Además, se constató que la Dirección Regional Aduana de Talcahuano, a pesar de contar con un camión escáner, limitó su uso en 2023 y 2024 debido a que la maquinaria fue trasladada a otras ubicaciones por largos periodos. Asimismo, se identificó la existencia de mercancías almacenadas en el depósito aduanero del Puerto Coronel desde los años 2010 hasta 2022, categorizadas para diferentes destinos como subasta, destrucción, donación y reciclaje. En relación a las deficiencias tecnológicas, se señaló que falta un aplicativo o herramienta informática que permita al Servicio Nacional de Aduanas validar los vistos buenos otorgados por otros organismos públicos para autorizar el ingreso de productos al país. Ante esta situación, la Contraloría otorgó un plazo de 15 días hábiles a la Dirección Regional de Aduanas para iniciar el sumario correspondiente y determinar las eventuales responsabilidades administrativas. Asimismo, se instruyó acompañar los antecedentes que demuestren el incremento de su dotación y adoptar medidas necesarias para supervisar eficientemente los medios tecnológicos disponibles para la fiscalización. Fuente: CNN Chile País
